No se pretende con el artículo hacer una lección de derecho o de legislación autonómica, sino tratar de dar un poco de sentido a esta palabra que aparece de forma recurrente en las informaciones públicas de muchos proyectos y que salta a la prensa sin que se aclare, ni se entienda que significa y cuáles son sus consecuencias.
Los PIGAs (Proyectos de Interés General de Aragón) son herramientas jurídicas y urbanísticas de ordenación del territorio. Su función principal es aprobar de forma rápida grandes proyectos de inversión que tienen un impacto positivo en la economía, el empleo o la cultura de la región y permite al Gobierno de Aragón declarar estos planes como «inversiones de interés autonómico», acelerando sus plazos a la mitad en la tramitación administrativa.
Está claro que se creó como figura que diera facilidades a proyectos estratégicos, pero como siempre la cuestión es cómo se decide que un proyecto es estratégico para la Comunidad Autónoma o para los vecinos de un municipio, si se hace por los empleos que genera, que siempre se dimensionan en la planificación por encima de lo que luego será real, o por ayudar a la economía local, pero resulta que se aplica a multinacionales que llevan sus beneficios a otros destinos y a intereses muy particulares, o ayudan al desarrollo del territorio, cuestión genérica y difícil de concretar, pero además acaban afectando en ocasiones de forma negativa ambientalmente en los lugares que se implantan.
Si lo vemos en los Centros de Datos, como ejemplo concreto de proyectos que están siendo considerados y declarados PIGA, todas estas contradicciones se ponen de manifiesto de forma clara, pues crean poco empleo, los beneficios se los lleva Amazon o Microsoft a paraísos fiscales y el consumo desmesurado de energía y de agua puede dejar sin recursos a los propios habitantes del territorio, como así lo han puesto de manifiesto en algunas localidades de Estados Unidos.
Si ya es recurrente la queja de las administraciones locales y en concreto de los ayuntamientos, sobre la falta de capacidad para decidir sobre proyectos que puedan ser declarados de Utilidad Pública, si se declara PIGA su capacidad es nula, pero no solo para la concesión de licencias y permisos, sino que también se ven privados de los ingresos provenientes de dichas licencias, que en proyectos de esta envergadura pueden suponer varios millones para un ayuntamiento pequeño, sino que se lo pregunten al ayuntamiento de Villanueva de Gallego y en breve a alguno del Bajo Aragón donde se están declarando de interés autonómico tanto centros de datos, como centrales de biogás.
Algo que se creó para proyectos como el aeropuerto de Teruel, Motorland o Dinópolis, estaciones de esquí, se está aplicando a proyectos privados, generalmente de multinacionales, cuyo interés más general son sus propios beneficios y cuyo reto es colocar sus actividades en lugares con poca oposición y buenos recursos energéticos e hídricos.
De plantear las renovables como una transición energética de lucha contra el cambio climático y de sustitución de los escasos combustibles fósiles, se ha pasado a poner la energía generada al servicio de grandes consumidores que abandonan territorios como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos, en busca de destinos más amables y más tolerantes. Además se les pone la alfombra roja de los PIGAs y la ecuación ya está completa, para ellos.
Los PIGAs fueron algo que pudo ser necesario en algunos proyectos y que se está usando de forma desmedida para satisfacción de algunas multinacionales, que igual podrían presentar sus proyectos, sin estas ventajas que muchos ciudadanos que deciden invertir en pequeños proyectos, nunca conseguirán.
¿Te ha gustado este artículo? Compártelo