Hay realidades en el actual panorama socioeconómico español que no se pueden negar. Una de ellas es que el desarrollo empresarial de sectores ligados a los cuidados, la logística, el agropecuario, la construcción o la hostelería es posible gracias a los millones de ciudadanos de otros países que vienen a España a trabajar. Sin ellos, el despegue y la expansión económica que estamos viviendo en nuestro país serían imposibles. La otra realidad es la demográfica. El constante incremento de la sociedad española, que roza ya los 50 millones de habitantes, se debe a los continuos flujos de población extranjera que recibimos. Sin estos movimientos migratorios, apenas sobrepasaríamos los 40 millones de personas y, además, tendríamos una población fuertemente envejecida.
Estas dos realidades son tozudas e incontestables. Aquellos que abogan por las expulsiones masivas deberían explicarnos también cómo pretenden hacer viable un país con las tasas de natalidad más bajas y las de longevidad más altas del mundo.
Dicho esto, las personas que vienen a trabajar y a buscarse la vida a España no son números ni únicamente mano de obra. Son personas con necesidades, familias, emociones, y con el mismo deseo de bienestar y prosperidad que cualquiera de nosotros. Verlos solo como meros engranajes para hacer crecer nuestra economía es no entender qué nos estamos jugando. Y nos jugamos mucho: un futuro de convivencia o uno de crispación e inseguridad.
Invertir en bienestar social (vivienda, educación, sanidad, ocio…) para la población migrante no es «buenismo»; son, en primer lugar, derechos humanos y, en segundo, la única vía para garantizar una sociedad respirable dentro de 25 años. Si marginamos y estigmatizamos a esta parte de la ciudadanía, la exclusión se nos volverá en contra en la próxima generación, tal y como ya está ocurriendo en varios puntos de Europa. Por el contrario, si apostamos por la integración y por hacerlos sentir parte de nuestro país, tendremos un gran futuro por delante.
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