Asesor en el Parlamento Europeo y miembro de la Asamblea de IU-Alcañiz
magconsultor@hotmail.es
www.consultoraeuropea.com
Canal Roya: una victoria ciudadana… de momento
Sin temor a exagerar, podemos decir que la defensa de la Canal Roya se ha convertido en uno de los principales hitos del movimiento ambientalista, y en general, de la movilización ciudadana, en la historia reciente de Aragón. Un éxito que ha unido a organizaciones ecologistas, científicos y educadores, algunas organizaciones políticas, y ciudadanos en general, y que ha operado a diferentes niveles: en el propio Pirineo, en la ciudad de Zaragoza, pero también en Madrid y en Bruselas, lo que demuestra la importancia de que las movilizaciones ciudadanas operen con la misma gobernanza multinivel en que actualmente se mueve todo. ¿Qué ha sucedido exactamente?
Las estaciones de esquí de Candanchú-Astún, en el valle del río Aragón, y la de Formigal, en el valle de Tena (cabecera del río Gállego) son instalaciones turístico-deportivas de titularidad privada. La de Candanchú, concretamente, está vinculada a las familias Alierta y Yarza (propietarios del Heraldo de Aragón); la de Formigal es propiedad de Aramón, empresa participada al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, pero que en la práctica elude los controles a los que sí están sometidos otras empresas con mayor participación pública (como es el caso de Motorland). Junto al esquí, la gran actividad colateral de estas estaciones ha sido siempre el desarrollo inmobiliario, apartamentos y locales vinculados a esta actividad.
Las cabeceras de ambos valles (Aragón y Gállego) se hallan muy cerca una de otra, y se comunican a través de la Canal Roya, valle de origen glaciar que se ha conservado maravillosa y sorprendentemente virgen, a pesar de encontrarse entre dos áreas de fuerte presión turística. Desde hace ya muchos años, el sueño de los propietarios de estas estaciones era poder unir ambas mediante una telecabina, de modo similar a lo realizado en el Principado de Andorra o en el valle de Arán, con el objetivo expreso de crear uno de los mayores dominios esquiables de Europa. Por supuesto, una intervención de este tipo supondría la revalorización de los activos de las estaciones (cabe señalar que Candanchú ha tenido que recibir un préstamo de siete millones de euros del Gobierno de Aragón para no caer en bancarrota, y que Astún es propietaria de una pastilla de suelo urbano, donde pretendía construir más apartamentos). El problema es que estas empresas no tienen dinero para acometer la inversión, de entre 25 y 30 millones de euros. Por ello, desde siempre han estado llamando a las puertas de la Administración para conseguir financiación pública, con la excusa de los puestos de trabajo en zonas de montaña, y al mismo tiempo han maniobrado para paralizar los intentos de convertir la Canal Roya y el entorno del Anayet (pico volcánico de la zona) en un Espacio Natural Protegido, ya fuese Parque Natural o espacio dentro de la red europea Natura 2000.
El Gobierno de Aragón tampoco tenía el dinero. Por eso, cuando se aprobó la lluvia de millones que para España han supuesto los fondos Next Generation de la Unión Europea (NGEU), las mencionadas empresas y el gobierno de Aragón vieron la oportunidad de su vida. Se trataba de financiar estas obras con dinero público europeo (26,4 millones de euros) argumentando para ello que esta telecabina permitiría evitar los desplazamientos por carretera de miles de esquiadores y por tanto reducir emisiones de CO2. Un argumento simplón, que se unía a los tradicionales sobre el empleo, la despoblación (el nuevo mantra, desde hace unos años), y el “poner a Aragón en el mapa” (como con Motorland, ¿les suena?). Por supuesto, estos argumentos han sido convenientemente aireados por megáfonos con claros intereses (como el Heraldo-Ibercaja), y por la mayoría de los medios de comunicación aragoneses, al objeto de crear una opinión pública favorable al proyecto y, sobre todo, reforzar la idea de “irreversibilidad” del mismo; no en vano, la Consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón (sobre la cual hablaremos luego) manifestó en sede parlamentaria “cero dudas” respecto al proyecto.
Sin embargo, el conglomerado del esquí y el gobierno de Aragón, tal vez movidos por la soberbia o por las prisas (o por las dos cosas), descuidaron y subestimaron muchas cuestiones, que finalmente se les han vuelto en contra y han dado al traste con esta tropelía.
En primer lugar, la chapuza que suponía el querer utilizar un dinero destinado a Entidades locales, para luego desviarlo a un proyecto de interés privado; la Diputación Provincial de Huesca iba a ser el ejecutor del proyecto para luego entregarlo a las estaciones de esquí. Incluso, de redactar los proyectos, los estudios de impacto, etc., se encargaban las estaciones de esquí, para que la Diputación ejecutase… un chanchullo que el propio Presidente de la Diputación, Miguel Gracia (del PSOE, al igual que Javier Lambán y Marta Gastón), no vio claro, seguramente bien aconsejado por algún técnico.
En segundo lugar, el hecho de que la Consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, trabajadora en excedencia de Ibercaja, fuese a su vez presidenta de Aramón, siendo ésta una empresa privada, y actuase indistintamente en los dos papeles. Un clarísimo conflicto de intereses que, junto a la desviación de fondos antes señalada, dio lugar a una denuncia por parte de Sira Rego (eurodiputada de Izquierda Unida) ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Esta denuncia tuvo lugar en abril, y constituyó sin duda el punto de inflexión, el momento en que el castillo de naipes se empezó a desmoronar y todos los que se habían subido empezaron a abandonar el barco (empezando por los Ayuntamientos de Jaca o Sabiñánigo, y siguiendo por los Gracia, Lambán, Gastón etc.)
Porque, en tercer lugar, se subestimó el papel supervisor de la Unión Europea y sus instituciones. Tan pronto empezaron a llegar las primeras denuncias –bien elaboradas y argumentadas–, la Comisión Europea empezó a investigar, y sobre todo empezó a preguntar, como suele hacerlo: de una forma precisa, insidiosa si se quiere, incómoda para quien se piensa que “en Bruselas no se enteran de nada” y que se puede argumentar el uso de casi treinta millones de euros con un par de folios. Además, el hecho de que la Canal Roya constituyera un “agujero” sin protección ambiental, rodeado de espacios de la red Natura 2000, despertó también las sospechas de Bruselas, que vieron ahí una clara falta de coherencia de dicha red, una incoherencia “a la carta” para poder construir una infraestructura y servir intereses privados.
Pero sobre todo, last but not least, los promotores de esta aberración subestimaron la movilización ciudadana. Pensaron que trataban con paletos, con gentes domesticables que recibirían como agua de mayo cualquier “infraestructura salvadora”, en nombre de “los puestos de trabajo”, y en su lugar se han encontrado con una ciudadanía del siglo XXI, consciente, preparada y organizada. Una ciudadanía, sobre todo en el propio Pirineo, que es consciente de que un medio natural lo más intacto posible es su mejor garantía de futuro, que conoce los límites del modelo de nieve y urbanismo, que sabe que cada vez hay menos nieve, como consecuencia del cambio climático, y no se puede invertir más en ese sector; que conoce de primera mano cómo en invierno los trabajadores han de dormir en caravanas o pisos patera porque no hay sitio para ellos… En definitiva, una gente que apuesta por otro modelo de desarrollo y por otro modo de vida en las montañas, que no pasa por destruirlas.
Con estas gentes se han tejido alianzas: con los movimientos ecologistas, con científicos como Eduardo Martínez de Pisón o artistas como Amaral, con educadores ambientales de todo Aragón, con montañeros y esquiadores de toda España, con la Zaragoza urbanita que ve el Pirineo como lugar de ocio pero sabe que no todo vale. Y todos ellos han conseguido derrotar al conglomerado empresarial, político y mediático, que había organizado el pelotazo con el dinero de todos. En mayo, la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón renunciaron formalmente al proyecto.
...al proyecto, o más bien a la financiación. El editorial del Heraldo de Aragón tachaba la decisión de “cortoplacista” y electoralista, y prácticamente conminaba a quien gane las elecciones a continuar con el proyecto, con o sin financiación europea. Por eso, tanto Lambán (PSOE) como Azcón (PP) han reproducido “la voz de su amo” mostrándose muy ambiguos sobre el futuro, y se han negado a avalar la declaración del entorno de la Canal Roya y el Anayet como Espacio Natural Protegido, figura paralizada durante dieciséis años, y que impediría legalmente la ejecución de este proyecto.
¿Y los otros partidos? Algunos, como PAR, Ciudadanos y Vox, dispuestos a todo para imponer su modelo desarrollista y depredador del medio. En cuanto a la izquierda, CHA y Podemos han ido tragando con la contradicción que suponía estar en contra del proyecto de Canal Roya, y al mismo tiempo formar parte del Gobierno que lo promueve y no romper, ni amenazar con hacerlo, en ningún momento. Dicho de otro modo, y si bien han tenido intervenciones administrativas concretas en sus respectivas áreas de gobierno, y solo en fechas muy recientes (Vertebración del Territorio, Medio Natural), ni CHA ni Podemos habían considerado este proyecto una “línea roja” con la que no se pudiera convivir… Por su parte, la visita de Sira Rego, eurodiputada de IU, a la Canal Roya en enero de 2023, contribuyó a catalizar un movimiento ciudadano existente pero aún entonces dubitativo, que se puso en marcha, creció… y lo demás, es ya historia.
Historia, y futuro. Tendremos que seguir muy atentos a lo que se desarrolle en Canal Roya, porque el capital es depredador e insaciable por naturaleza, y solo el buen sentido de las personas, unidas, puede ponerle coto.■
Excelente resumen de lo acontecido
ResponderEliminar