José Miguel Celma
Concejal Torrecilla de Alcañiz. Portavoz PP Comarca del Bajo Aragón
No hace demasiados días, Alcañiz ha vivido una dura polémica por el cambio de nombre del colegio hasta hace poco conocido como Emilio Díaz, una persona que tuvo la suerte o la desgracia de vivir en una época concreta de nuestra historia y formar parte de los designios del país en esa etapa. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo y que nadie podrá rebatirlo, como que fue él mismo quien cedió gratuitamente los terrenos en los que se construyó el centro educativo. Pero eso no es de lo que estamos hablando…
Las leyes se redactan y entran en vigor para el beneficio del ciudadano y son de obligado cumplimiento, incluso cuando se desconoce su existencia. Se presupone a los encargados de proponerlas, redactarlas y aprobarlas que su objetivo esencial es la búsqueda del bienestar ciudadano o de poner coto a situaciones o comportamientos negativos o poco edificantes. También que el sectarismo no ha condicionado su elaboración, ni tampoco su posterior aplicación.
Luego son los hechos los que se encargan de demostrarnos y evidenciarnos cuáles han sido los propósitos de la elaboración de una norma y su posterior desarrollo en la ciudadanía. Allí cada uno de nosotros podrá hacer un análisis pormenorizado de ello y establecer las conclusiones que consideren oportunas. Es lo que solemos hacer todos y en este asunto también, no es una excepción.
En Alcañiz se ha levantado una agria polémica con el cambio de nombre porque muchos ciudadanos lo consideran obligado y otros muchos un ejemplo del sectarismo más criticable. Vivimos en una ciudad de concordia y la estamos perdiendo por una decisión que se adopta desde fuera de nuestro municipio y por personas que no parece que han profundizado mucho en la vida de Emilio Díaz, más allá de que desempeñó su responsabilidad en el Franquismo.
Hoy vivimos una polémica donde antes no existía. No seré yo quien manifieste mi parecer al respecto porque todos tenemos uno y son igualmente válidos. Lo que sí creo que nuestra ciudad tiene hoy problemas mucho más trascendentales a los que atender. Ni que decir tiene que el Bajo Aragón también. Pero mientras unos dedican sus esfuerzos a este asunto, seguimos sin un Plan de Transición Justa, sin la llegada de empresas que generen el empleo necesario por el fin del carbón, sin mejorar las infraestructuras, sin extender la banda ancha, sin apoyar a los agricultores y ganaderos, sin dar aliento a los que están pasando por muchas dificultades, sin bajar los impuestos a las clases medias y bajas… Será cuestión de las prioridades de quienes mandan.■
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