agosto 2020 ACTUALIDAD | PANDEMIA | CONTROL CORONAVIRUS | DERECHOS Y LIBERTADES
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| Ilustración: Eduardo Galindo |
Durante el estado de alarma y actualmente en la “nueva normalidad” las autoridades están realizando acciones, que con el fin de evitar la propagación de la pandemia, chocan con derechos fundamentales de movilidad y privacidad. Un reto de difícil solución el conjugar derechos hasta ahora inviolables con la necesidad de romper la cadena de contagios que sigue propagando el virus sin cesar. Por Pepe Portolés. Beceite
El ámbito bajoaragonés, a fecha del presente artículo, y ante el aumento de focos y casos en la zona de Salud de Alcañiz, se sitúa ante un escenario nada halagüeño de retorno a una “Fase 2 flexibilizada” de la mal llamada “nueva normalidad” –le sería más propio el nominativo de “nueva realidad”- por hábitos de conducta irresponsable de determinadas minorías que, sin duda, pueden afectar en breve a la mayoría social y geográfica del territorio. Antes de esto, sin embargo, hubo al menos dos acciones gubernativas locales que, tomadas al amparo del paraguas de la protección general, llamaron poderosamente la atención mediática y social por plantear posibles conflictos con las libertades individuales: la decisión de la Alcaldía del Ayuntamiento de Beceite -gobernado con mayoría absoluta de 5 concejales del Partido Popular, PP, frente a una oposición de 2 ediles del Partido Aragonés, PAR- de instalar una puerta metálica que limitara el acceso a pie al último tramo de la pista forestal que conduce al paraje natural llamado Parrizal; y la vigilancia con drones equipados con sensores termodinámicos de zonas y retiros rurales ‘masicos’ de Alcañiz fijada por la Alcaldía de su Ayuntamiento –gobernado en coalición por 7 concejales del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, 1 de Ciudadanos, CS, y 1 de Izquierda Unida-Ganar Alcañiz, IU-GA, frente a una oposición de 5 ediles del PP y 3 del PAR-.
Beceite, una queja viral
El ejemplo relativo a Beceite arrancó por sorpresa el 12 de junio pasado, diez días antes del fin del Estado de Alarma que amparaba actuaciones extraordinarias de limitación de la movilidad individual y colectiva tendentes a impedir la propagación de Covid-19 en los meses iniciales de presencia del virus en España. Ese día, y con mínimos avisos previos como peticiones de autorización cursadas dos días antes ante organismos competentes como el Gobierno de Aragón o la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) –sin tiempo material para respuesta en positivo, por tanto-, el Ayuntamiento del municipio matarrañense o, mejor dicho, su Alcaldía y equipo de gobierno, decidió instalar por su cuenta y riesgo una gran puerta de hierro forjado que limitara o impidiera, salvo petición y autorización del propio consistorio, el acceso a pie al paraje natural de El Parrizal. La infraestructura metálica, de unos dos metros y medio de alto por otros tantos de ancho, aproximadamente, se ubicó en zona de dominio hidráulico –competencia exclusiva de la CHE, por tanto-, y aprovechando para su encaje un estrecho rocoso natural del último tramo de la pista forestal que conduce al ‘Parrizal’ o ‘Parrissal’ –en catalán autóctono-, uno de los parajes naturales más bellos y frecuentados de la turística localidad. La vistosidad de la puerta, por dimensiones y ubicación –a las fotografías remitimos-, y su carga simbólica prohibitiva y antinatural, generaron pronto un amplio rechazo individual, colectivo e institucional. Las primeras movilizaciones contra la reja metálica partieron de vecinos de Beceite a título particular –en redes sociales, sobre todo- y de asociaciones ambientalistas de la zona como Amigos del Parrisal/Amics del Parrissal -formada mayoritariamente por beceitinos y matarrañenses-. Esta última impulsó el 15 de junio en la plataforma ‘Change.org’ la campaña “¡¡¡NO A LA PUERTA DEL PARRISAL!!!, encaminada a “quitar la puerta y restaurar la legalidad”; el principal argumento esgrimido en la petición es su ilegalidad, basada en fundamentos como distorsión del ambiente y del paisaje, impacto ambiental negativo en una zona catalogada como LIC y ZEPA, ocupación de vía pecuaria y de dominio hidráulico sin autorización y dificultar el acceso a vehículos de emergencia y a usuarios del sendero PR-TE 153 integrado en la Red de Senderos Turísticos de Aragón, entre otros.
A día de redacción del presente artículo, la iniciativa lleva casi seis mil apoyos, 5.857 para ser exactos a fecha de 23 de julio, que multiplican por más de diez el número de habitantes de Beceite; para hacernos una idea de la dimensión, equivaldría a que una acción de un Ayuntamiento como el de Zaragoza cosechara aproximadamente siete millones de firmas en contra. No menos significativo es el número de personas que, junto a su rúbrica de oposición a la puerta y petición de retirada, han argumentado su rechazo: 346 –a 23 de julio-, la práctica totalidad con nombres y apellidos, esto es, pocos o casi ninguno se escuda en el anonimato internáutico para expresar su indignación. Entre los firmantes figuran políticos como el director general de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, José Manuel Salvador, quien motivó su oposición con estas palabras: “A favor de regular el acceso y las aglomeraciones apoyándose en el empleo local y la tarifa para el parking, como hasta ahora; rotundamente en contra de poner puertas al campo, el acceso a un paraje natural como el Parrisal no puede regularse con una puerta cerrada”.
Al aluvión de críticas en redes se sumaron las de formaciones como el PAR o Chunta Aragonesista (CHA), y urgentes y contundentes misivas que el Gobierno de Aragón y CHE dirigieron al Ayuntamiento de Beceite explicándole los motivos diversos de la ilegalidad de la polémica puerta. Fuera por unas u otras, el caso es que a los pocos días de su instalación el gobierno del municipio optó por una solución más o menos salomónica: no retiró la puerta como se le pedía oficial y oficiosamente, por activa y por pasiva, sino que decidió simplemente dejarla abierta, con un tosco apoyo en unas piedras calizas de las que tanto abundan en la zona; sin duda, una solución técnicamente compatible con la altura intelectual que cabe suponer a la autoría de desaguisados como los de su instalación y frustrado cierre.
Alcañiz, drones “termovigilantes” y ejército
Algo más de capacidad tecnológica y operativa que una simple barrera física y su fijado en rocas cabía suponer a Alcañiz, municipio de referencia del Bajo Aragón histórico por número de habitantes, influencia, economía e infraestructuras. Allí, a diferencia de Beceite, los límites a la movilidad personal se plantearon en las etapas de confinamiento y se basaron en tecnologías de última generación, como drones con sensores termodinámicos, y en el recurso a la Unidad Militar de Emergencias del Ejército Español (UME), en refuerzo a las vigilancias que pudieran ejercer la Policía Local alcañizana y las dotaciones de Guardia Civil del territorio. En las fechas de la Semana Santa pasada, de confinado obligatorio, el gobierno municipal alcañizano optó por disuadir a su población de probables ansias de ocio expansivo mediante la colaboración “desinteresadada” de los drones aportados por una empresa local, equipados con sensores capaces de detectar cambios significativos de temperatura de origen humano –indicativos de concentración de personas, por tanto-, y con el apoyo de la citada UME a las labores de control policial y de Guardia Civil. Se temía que la ciudadanía alcañizana pudiera optar por reunirse más o menos masivamente en zonas como los populares ‘masicos’ (retiros rurales) a similitud de la costumbre de años y décadas precedentes. El caso es que pronto se cuestionaron ambas medidas, si bien en mucho menor número que la aplicada por el Ayuntamiento de Beceite en el Parrizal; y, fuese por miedo o conciencia, las denuncias por reuniones no autorizadas de personas brillaron por su ausencia en la capital bajoaragonesa.
Un debate abierto
¿Acertaron uno y otro ayuntamiento al tratar de limitar la movilidad personal con el argumento de la protección ante la amenaza de coronavirus Covid-19? Si sus acciones carecían de base legal, a priori no cabe duda de la respuesta: la Ley es el principal y último garante de la convivencia social, y todos, especialmente las instituciones y quienes las representan, debemos atenernos a ella. Aunque, viendo el comportamiento general de la población española tras nuestra vuelta a la “normalidad” desconfinada, y sus consecuencias en forma de crecimiento exponencial de brotes, casos y contagios de Covid-19 en las últimas semanas –también en el Bajo Aragón histórico-, quizá quepa plantearse, al menos como duda razonable, si es justo que se nos trate y juzgue como a personas y colectivos capaces de mostrar la empatía necesaria para frenar una pandemia únicamente cuando nos plantean prohibiciones estrictas y fuertes sanciones por su vulneración. O, lo que vendría a ser lo mismo, si las legislaciones vigentes y las acciones institucionales acordes a las mismas tienen el acierto y eficacia suficientes para vencer la extraordinaria amenaza que nos ha tocado vivir.■
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