#JoséRamónVillanueva - Sáhara Libre

Una mujer porta una bandera de la República Árabe Democrática del Sáhara - EFE

En estos últimos días, el latente conflicto del Sahara ha vuelto a ser noticia, tras los incidentes ocurridos en el paso fronterizo de Guerguerat, un territorio saharaui que Marruecos considera “tierra de nadie” y que forma parte indisoluble de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en donde ya hubo incidentes en el año 2017. Estos incidentes han supuesto la ruptura del alto el fuego firmado en 1991 entre la autocrática monarquía marroquí de Mohammed VI y la RASD, un conflicto, plagado de violaciones de los derechos humanos y de injusticias por parte del ocupante marroquí que, desde hace cuatro décadas, están impidiendo la plena autodeterminación del pueblo saharaui.

Hay que recordar que ya desde que en 1967 la ONU propuso la descolonización del Sahara, precisamente para evitar las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania: todos los informes jurídicos y resoluciones de la ONU han avalado los derechos del pueblo saharaui y, consecuentemente, rechazado las ambiciones marroquíes sobre este territorio. Especialmente reveladora resulta la atenta lectura del Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya de 16 de octubre de 1975. Éste, elaborado a petición de la Asamblea General de la ONU, reconocía con rotundidad que la población autóctona era el poder soberano del Sahara Occidental puesto que, en el momento del inicio de la colonización española (1885), este territorio no pertenecía ni a Marruecos y a Mauritania, sino a las poblaciones nómadas que “estaban social y políticamente organizadas en tribus y bajo jefes competentes para representarles”. De igual modo, dicho informe rechazaba con argumentos jurídicos los cuatro puntos en los que se basaban las reivindicaciones marroquíes, a saber: que existía una “posesión inmemorial” marroquí sobre el Sahara desde la conquista del Islam del norte de África hacía 1.300 años; que había una “continuidad geográfica” entre Marruecos y el Sahara Occidental; que existía un ejercicio de la soberanía interna del Marruecos pre colonial  (el Estado jerifiano) que incluiría no sólo a las tierras bajo control del sultán, sino también a aquellas en que su autoridad espiritual era reconocida ( en su caso, algunas tribus saharauis) y, finalmente, que existía un reconocimiento internacional (“o externo”) de la soberanía marroquí sobre el territorio. Consecuentemente, el TIJ, en su conclusión final reconocía que no había “ningún vínculo jurídico de soberanía territorial entre el Sahara Occidental y el Estado Marroquí”, a la vez que se ratificaba en la necesidad de celebrar de forma inmediata un referéndum de autodeterminación.

En 1967 la ONU propuso la descolonización del Sahara,  para evitar las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania: todos los informes jurídicos y resoluciones de la ONU han avalado los derechos del pueblo saharaui y, consecuentemente, rechazado las ambiciones marroquíes.

 

Tras el dictamen del TIJ, y pese a las promesas del régimen franquista de conceder una autonomía limitada (1974), los hechos se precipitaron cuando el 16 de octubre de 1975 Marruecos inició la Marcha Verde y el régimen franquista, en plena agonía del dictador, se estremecía y firmaba los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, los cuales supusieron el abandono vergonzante del Sahara y la cesión de su administración (que no de su soberanía) a Marruecos y Mauritania. Nadie contó con la opinión del pueblo saharaui, el cual quedó abandonado a su suerte. Esta ocupación, ratificada por el posterior Acuerdo de Rabat (14 abril 1976) supuso el reparto del Sahara entre sus dos codiciosos vecinos: Marruecos se hacía con los 2/3 del territorio, mientras que Mauritania, se anexionaba el 1/3 restante. A cambio, España recibió determinadas compensaciones económicas, recogidas en los acuerdos complementarios (derechos pesqueros y participación en la explotación de los fosfatos de Bucráa). Estos acuerdos infamantes, declarados ilegales por la ONU, entraron en vigor el 19 de noviembre, la víspera de la muerte del dictador, fecha en la cual el BOE publicó la Ley de Descolonización del Sahara.

Así las cosas, el Frente Polisario inició una guerra de liberación contra los dos países que se había repartido el Sahara Occidental, la cual hizo que Mauritania renunciase al territorio que le había sido adjudicado (Acuerdo de Argel, 1979), lo que hizo que Marruecos se apropiase de la totalidad del territorio, proclamando acto seguido su supuesta soberanía sobre el mismo.

Durante la ocupación y la guerra consiguiente, los saharauis abandonaron las ciudades (noviembre 1975 – febrero 1976) y se instalaron en el desierto. Pero, tras los brutales bombardeos marroquíes con napalm sobre Tifirati, Guelda Zemur y Umbreiga, gran parte de la población saharaui se exilió en Argelia: este es el origen de los campos de refugiados de Tinduf.

Si algo simboliza la ocupación militar del Sahara, es sin duda la construcción por parte de Marruecos (desde 1980) de un muro defensivo de 2.720 kms. que divide el territorio de norte a sur, y que, con sus 140.000 soldados y sus sofisticadas armas, pretendía evitar incursiones del Polisario y, según Rabat, para “proteger” no sólo las ciudades de El Aaiún y Smara, sino también los ricos (y codiciados) yacimientos de fosfatos de Bucraa.

Pendiente queda la resolución política, que no militar, del conflicto. Desde que en 1991 Marruecos y el Frente Polisario aceptaron el plan de paz de la ONU que contemplaba la aceptación de un alto el fuego como paso previo a la celebración de un referéndum de autodeterminación, poco se ha avanzado: mientras que Marruecos proponía la autonomía (2000), el Plan Baker II (2003) planteaba un período autonómico de 4 años como fase previa al referéndum. A fecha de hoy, no se ha llegado a ninguna solución...y ya van cuatro décadas de espera para hacer justicia al pueblo saharaui.

Tras unos años de tregua, los últimos acontecimientos en Guerguerat pueden ser el preludio de una escalada armada de consecuencias imprevisibles, así como del incremento de las acciones represivas por parte de Marruecos. Así las cosas, nunca debemos de aceptar que el pragmatismo político que condiciona, con excesiva frecuencia, las relaciones entre España y Marruecos, se imponga sobre la dignidad, la justicia y la defensa del pueblo saharaui, al que nos unen profundos compromisos morales. Su futuro no debe canjearse nunca por un pretendido deseo de mantener una relación amistosa y fluida con el reino de Marruecos. La dignidad de los pueblos se halla en la convicción y firmeza con que se defienden los principios y los valores éticos. En consecuencia, la libertad del Sahara no puede ser moneda de cambio ante criterios mercantiles (acuerdos pesqueros y comerciales) o políticos (control inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo islámico, contencioso de Ceuta y Melilla, etc.) en el siempre complejo diálogo hispano-marroquí. Por ello, la justa causa saharaui nos exige a todos, y en especial al Gobierno de España, un compromiso no sólo humanitario sino también de firmeza política para que, también en este caso, prevalezca el derecho internacional y las resoluciones de la ONU sobre las ambiciones territoriales de Marruecos y los intereses geoestratégicos y económicos de los aliados de Rabat (EE.UU. y Francia). Ello ha permitido a Marruecos realizar una violación continuada y flagrante el orden internacional al expandir su territorio por la fuerza y negar deliberadamente a los saharauis su derecho a la autodeterminación. Frente a ello, la RASD han mantenido viva la reivindicación de la causa saharaui y, tras la guerra de 1975-1991 y el posterior cese el fuego, se optó por la solución política del conflicto que, esperemos, los sangrientos acontecimientos de estos últimos días, no malogren pues el estallido abierto de nuevo del conflicto armado podría producirse en cualquier momento.

La soberanía saharaui es incuestionable. Pero para poderla ejercer, resulta imprescindible hacer frente a problemas tan complejos como el cambio de actitud de la política de EE.UU. y de Francia, para los cuales la estabilidad de Marruecos es considerada como de “alta prioridad estratégica para Occidente”.

 

Dado que la cuestión central es la soberanía del Sahara, considero de gran interés la opinión de Jacob Mundy, del Institute of Arab and Islamic Studies de la Universidad británica de Exeter, el cual destaca que el sumario de TIJ de 1967 anteriormente citado, deja totalmente claro que el poder soberano en el Sahara Occidental era y es el pueblo saharaui. Por ello, como enfatiza Mundy, “el propósito del referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental no es decidir entre soberanías compitiendo entre si, bien marroquí o bien saharaui, sino encuestar a los saharauis si desean o no retener, modificar o renunciar a su soberanía. Necesitamos dejar de hablar sobre autodeterminación como un acto que constituye la soberanía en el Sahara Occidental. La soberanía ya está constituida en el Sahara Occidental”.

La soberanía saharaui es, pues, incuestionable. Pero para poderla ejercer, resulta imprescindible hacer frente a problemas tan complejos como el cambio de actitud de la política de EE.UU. y de Francia, para los cuales la estabilidad de Marruecos es considerada como de “alta prioridad estratégica para Occidente” y ello estos países han aceptado, de facto, la anexión del Sahara y la violación permanente de los derechos humanos en ese territorio ocupado ilegalmente por parte de Marruecos. También España debe implicarse con firmeza en la defensa del pueblo saharaui pues, en este caso, el silencio no es hijo de la prudencia, sino de la cobardía y la complicidad, amargo, fruto de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, el último y envenenado legado del franquismo agónico que la democracia española ha sido incapaz de resolver desde la justicia y el derecho que merece la causa saharaui, acuerdos de los que en estas fechas se cumple su 45 aniversario.

Los últimos sucesos ocurridos en el Sahara Occidental, han vuelto a poner de actualidad la justa demanda del pueblo saharaui, único dueño de su destino y de su tierra, lo cual nos obliga a adoptar una posición de solidaridad y de apoyo activo. Es evidente que sólo hay una solución: la celebración del referéndum de autodeterminación, tantas veces pospuesto, con garantías adecuadas y supervisión de la ONU, en el que el censo legal de la población saharaui, decida libremente su futuro.■

*José Ramon Villanueva. Historiador