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En 2008 se hundió el sistema económico y financiero, y lo primero que hicieron quienes gobernaban entonces fue salvar los bancos, 60.000 millones de euros para que no quebraran, y para ello hubo que recortar en sanidad, educación, vaciar la hucha de las pensiones o sacar a la gente de sus casas. La prioridad era la economía, no la gente.
Hoy, una grave crisis sanitaria ha puesto en jaque también a la economía y al modelo sociosanitario tan debilitado que nos dejó la anterior crisis, pero nada tienen que ver las medidas que se están aplicando ahora para no dejar a nadie atrás: Moratoria en hipotecas, prohibición de desahucios, exoneración o aplazamiento de las cuotas para autónomos y puesta en marcha de una prestación para aquellos cuya actividad haya cesado o reducido hasta un 75%, prestaciones económicas para trabajadores temporales y empleadas del hogar, prohibición del corte de suministros básicos a ningún ciudadano, la activación de los ERTES como medida para evitar los despidos, y se han declarado esenciales todos los servicios de atención a víctimas de violencia de género. Y ahora también estamos más cerca del Ingreso Mínimo Vital que permitirá a muchas personas sobrellevar esta complicada situación, pero que también servirá para reactivar el consumo y en consecuencia la economía.
Por eso a quienes atacan a este gobierno progresista que frente a una pandemia es capaz de poner en marcha un escudo social para que nadie se quede atrás, les pido que echen la vista atrás y se acuerden de cuántos negocios cerraron sus puertas, cuánta gente quedó sin ingresos o cuántos suicidios se silenciaron.■
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